Declaración ODA-Chile ante antecedentes sobre una eventual reducción, reformulación o discontinuidad de programas de alimentación estudiantil
Como académicas y académicos vinculados al Observatorio del Derecho a la Alimentación en Chile, consideramos necesario contribuir con evidencia, análisis crítico y enfoque de derechos al debate sobre políticas públicas alimentarias, especialmente cuando estas se relacionan con derechos sociales, niñez, educación, protección social y seguridad alimentaria y nutricional.
Ante el Oficio Circular N°16 del 21/04/2026 del Ministro de Hacienda, en el que se ha instruido la discontinuidad presupuestaria del Programas de Alimentación Escolar (PAE), manifestamos nuestra preocupación por los eventuales efectos que ello podría tener sobre la continuidad, cobertura, calidad y suficiencia de estas prestaciones.
El PAE, constituye una política pública de alta relevancia social, nutricional y educativa, vinculada a la equidad, la permanencia escolar y la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Su eventual afectación debe ser analizada con especial cautela, dado que incluye prestaciones para distintos niveles educativos, entre ellos la educación parvularia o prebásica, además de educación básica, media y de adultos. Asimismo, resulta necesario aclarar si las medidas en evaluación podrían comprometer otros beneficios alimentarios administrados por JUNAEB u otras instituciones, incluyendo aquellos destinados a estudiantes de educación superior.
Desde una perspectiva de derechos humanos, cualquier reducción, debilitamiento o discontinuidad de estos programas se vincula directamente con el derecho humano a la alimentación adecuada, la seguridad alimentaria y nutricional, la igualdad de oportunidades educativas y la responsabilidad pública en la garantía progresiva de derechos. Por ello, solicitamos a las autoridades competentes entregar información pública, clara y oportuna sobre el alcance real de la medida, distinguiendo si se trata de una evaluación programática, una reformulación administrativa, una reasignación presupuestaria, una reducción de cobertura, una modificación de componentes o una eliminación de prestaciones.
Recomendamos que toda decisión se base en evidencia robusta, evaluación de impacto, análisis presupuestario transparente, enfoque de derechos, equidad territorial, pertinencia cultural y participación de actores involucrados. Esto incluye comunidades educativas, familias, especialistas en nutrición y salud pública, gobiernos locales, entidades ejecutoras y organismos vinculados a la protección de derechos de niños, niñas, adolescentes y estudiantes, entre otros.
Reafirmamos que este pronunciamiento corresponde a una contribución académica y técnica al debate público, y ponemos a disposición nuestras capacidades y competencias para apoyar una mejor toma de decisiones. Nuestro llamado es a prevenir eventuales retrocesos en políticas alimentarias estratégicas y a fortalecer los programas de alimentación estudiantil como instrumentos esenciales para la equidad, el bienestar, la permanencia educativa y la garantía del derecho a la alimentación adecuada en Chile.
Observatorio del Derecho a la Alimentación en Chile — ODA-Chile
02 de junio del 2026
